Los PAF vienen desarrollando sus funciones desde el año 2.000, pero la deficiente gestión realizada por la Administración competente de su financiación, la Junta de Extremadura, ha ocasionado:
- La exposición de las familias y menores a situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo social ante la falta de compromiso y respeto hacia ellos.
- La falta de continuidad del programa en la mayoría de los municipios, dejando a la población más vulnerable sin la debida/necesaria atención.
- Frecuentes cambios de profesionales, revictimizando así a las familias y menores.
- La exposición de los profesionales dedicados a la atención a las familias a una precaria situación laboral, contratos inestables, salarios discordantes e, incluso, profesionales sin cobrar sus correspondientes nóminas durante meses, lo que impide que adquieran una estabilidad profesional y el reconocimiento de unos derechos laborales, lo que redundaría en la calidad en la atención a las familias y menores.
Desde los PAF se han manteniendo reuniones con el Presidente de la Junta de Extremadura y con la Directora General de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, en las que se han expuesto diversas consideraciones:
- Los incumplimientos reiterados de los plazos de publicación tanto de las subvenciones como de las resoluciones. La necesidad de que se regule del modo pertinente, garantizando la continuidad de los programas y sus profesionales para que se cumplan los objetivos fijados con las familias con las que se interviene.
- Que la dotación presupuestaria es insuficiente, no cubre los gastos totales de contratación del colectivo técnico: educador/a social, trabajador/a social y psicólogo/a, gastos de desplazamiento, de material, etc., siendo menor que el presupuesto asignado a otros programas enmarcados dentro de los servicios sociales, profesionales con la misma categoría profesional con dotaciones presupuestarias desiguales.
En dichas reuniones se ha llegado a determinados acuerdos y compromisos, los más determinantes no se han materializado.
Tras más de 20 años de servicio los PAF aún no gozan de la valoración y consolidación necesaria para ser un recurso fuerte, estable y, en consecuencia, garante de calidad en la prestación de apoyo y de ayuda a los menores y las familias.